Ante o debate público que se vive en Ribadeo sobre a posta en funcionamento dun conservatorio a Unión Española de Escolas de Música (entidade pertencente á EMU, asociación europea de escolas de música), a través da súa presidenta, a catalá Carme Vergel, quere mostrar o seu apoio ao traballo realizado pola Escola Municipal de Música e Danza (EMMeD) de Ribadeo así como a súa opinión contraria ao estabelecemento dun conservatorio de grao medio na vila ribadense. Vergel sinala que a tendencia que se está seguindo en Catalunya é a contraria, tratar de potenciar as escolas de música como base para a formación musical da cidadanía. A presidenta da Unión Española de Escolas de Música recorda o quinto punto da Declaración de Weimar en apoio ás escolas de música e aos seus proxectos:
5. Las escuelas de música – una responsabilidad pública
5.1. Todo ciudadano debe poder tener la posibilidad de asistir a una escuela de música
si tiene esta inclinación e incluso quizás el talento necesario. Las cargas financieras
impuestas al alumno no deben ser demasiado elevadas.
5.2. No se debe abandonar en manos del mercado cultural ni de la industria del
divertimento el interés del individuo por la música y su voluntad de aprender.
5.3. La calidad de las estructuras, de las actividades ofertadas, y del personal docente
del que las escuelas de música necesitan para acometer su misión educativa, así como
la participación de las escuelas de música en la vida musical, no podrá ser garantizado si
los poderes públicos no asumen su responsabilidad sobre la base de la afirmación
manifiesta de una voluntad política y de un compromiso financiero por su parte.
5.4. Deseosos de garantizar las subvenciones públicas y de asegurarse un numeroso
público, las escuelas de música continuarán mejorando y asegurando la calidad de sus
servicios y de sus actividades. Paralelamente a su competencia profesional, aumentarán
también su eficacia en términos económicos.
La EMU requiere
• Que las escuelas de música sean reconocidos por los responsables políticos
competentes como parte integrante del equipamiento cultural de base al cual todo
ciudadano puede aspirar, y por tanto, como una responsabilidad pública indispensable;
• Que las escuelas de música continúen a ser objeto de la política cultural, educativa y
social y que ni los mejores políticos ni las administraciones públicas evadan su
responsabilidad en la realización de esta tarea;
• Que sea reconocido que la financiación privada – pague lo que pague – no constituye
una base de planificación sólida. Las escuelas de música no podrán ser privatizadas para
cumplir su misión. Las tasas y los costes no deben cortar la ruta a nadie.
5. Las escuelas de música – una responsabilidad pública
5.1. Todo ciudadano debe poder tener la posibilidad de asistir a una escuela de música
si tiene esta inclinación e incluso quizás el talento necesario. Las cargas financieras
impuestas al alumno no deben ser demasiado elevadas.
5.2. No se debe abandonar en manos del mercado cultural ni de la industria del
divertimento el interés del individuo por la música y su voluntad de aprender.
5.3. La calidad de las estructuras, de las actividades ofertadas, y del personal docente
del que las escuelas de música necesitan para acometer su misión educativa, así como
la participación de las escuelas de música en la vida musical, no podrá ser garantizado si
los poderes públicos no asumen su responsabilidad sobre la base de la afirmación
manifiesta de una voluntad política y de un compromiso financiero por su parte.
5.4. Deseosos de garantizar las subvenciones públicas y de asegurarse un numeroso
público, las escuelas de música continuarán mejorando y asegurando la calidad de sus
servicios y de sus actividades. Paralelamente a su competencia profesional, aumentarán
también su eficacia en términos económicos.
La EMU requiere
• Que las escuelas de música sean reconocidos por los responsables políticos
competentes como parte integrante del equipamiento cultural de base al cual todo
ciudadano puede aspirar, y por tanto, como una responsabilidad pública indispensable;
• Que las escuelas de música continúen a ser objeto de la política cultural, educativa y
social y que ni los mejores políticos ni las administraciones públicas evadan su
responsabilidad en la realización de esta tarea;
• Que sea reconocido que la financiación privada – pague lo que pague – no constituye
una base de planificación sólida. Las escuelas de música no podrán ser privatizadas para
cumplir su misión. Las tasas y los costes no deben cortar la ruta a nadie.
